La recuperación económica de Nicaragua cuatro años después del golpe fallido de 2018

La reversión lograda por el Gobierno de Daniel Ortega de la caída del Producto Interno Bruto (PIB) y le mejora en varios indicadores económicos sorprendieron a los que auguraban una crisis en Nicaragua como efecto del fallido intento de golpe de Estado de 2018.

Entre abril y junio de ese año, este país centroamericano vivió las jornadas más violentas de las últimas cuatro décadas, desatadas en protesta por una serie de reformas al seguro social y que desembocaron en saqueo, quema de edificios, destrucción de bienes públicos y privados, secuestros, torturas y asesinatos de 300 personas.

La participación de los empresarios privados de los mayores capitales de Nicaragua en lo que después el Gobierno denunció como un intento de golpe de Estado quedó demostrada en el financiamiento y respaldo a los «tranques» (bloqueo de carreteras) para paralizar la economía del país.

LA PARTICIPACIÓN DEL COSEP

Michael Healy, directivo del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), declaraba en el Diálogo Nacional en mayo de 2018: «La economía es un precio que pagaremos todos los nicaragüenses».

A este emplazamiento le sucedieron el retiro de unos 800 millones de dólares de la banca privada para desfinanciar la economía, el cierre de unas 3.000 micro, pequeñas y medianas empresas, y el pedido a organismo internacionales para cancelar préstamos para programas de reducción de la pobreza, que en el caso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) significó más de 600 millones de dólares que estaban comprometidos entre 2019 y 2021.

Asimismo, los empresarios despidieron a unos 200.000 trabajadores del sector público, incidieron en el retiro de los capitales de las inversiones extranjeras directas y solicitaron a Estados Unidos y la Unión Europea que aplicaran sanciones financieras contra el Gobierno de Ortega.

ESTRANGULAR LA ECONOMÍA

A estas acciones se le sumó el paro comercial, bancario y laboral en las empresas privadas, así como el acoso y hostigamiento a los trabajadores del Estado: el golpe era dirigido al corazón de la economía para derrumbar a la izquierda en el poder.

Los daños económicos por la recesión al cierre de 2018 fueron estimados en 27.000 millones de dólares y la drástica caída del PIB.

«El error de muchos empresarios fue el de estrangular la economía, fue un acto premeditado: reduciendo el empleo y corriendo (despidiendo) a trabajadores reducen el circulante. Quisieron estrangular la economía y crearon una situación de zozobra, de angustia, de tal manera que la gente se reprimía de gastar y eso castiga más el circulantes», manifestó a la Agencia Sputnik, Xavier Díaz-Lacayo, experto en políticas públicas.

Díaz-Lacayo fue asesor por 10 años de la Policía Nacional, y se desempeñó como consultor de firmas estatales como la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel) y la Empresa Portuaria.

POLÍTICAS PROGRESISTAS

Al Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) no le perdonaron arrebatarle el poder al neoliberalismo en las elecciones de 2006 y dirigir la economía con un enfoque de reducción de la pobreza y la pobreza extrema que, entre 2007 y 2017, posicionaron al país centroamericano con los mayores niveles de crecimiento y bienestar de los últimos cincuenta años, dijo a la Agencia Sputnik el dirigente empresarial Zacarías Corea.

En enero de 2022, el Banco Central de Nicaragua confirmó un crecimiento económico de 10,3 por ciento; la recuperación del empleo fue estimada en 6,5 por ciento, las exportaciones recobraron sus máximos históricos por encima de los 3.500 millones de dólares, las remesas aumentaron 16 por ciento y el crecimiento de las Reservas Internacionales Brutas (RIB) fue de más de 4.000 millones de dólares.

«El crecimiento del PIB se da por la aplicación de políticas acertadas y muy efectivas. Eso le da solidez y le da tranquilidad a los inversionistas», declaró Corea, presidente de la Asociación de Promoción al Desarrollo y la Sostenibilidad de Nicaragua (Aprodesni), que organiza 520 empresas privadas.

SANCIONES DE EEUU

El presidente Ortega denunció en 2021 que Estados Unidos y la Unión Europea financiaron a la oposición, y ante el fallido golpe montaron una campaña internacional denunciando supuestas violaciones a los derechos humanos por el encarcelamiento de opositores y empresarios, lo que ha significado una piedra en camino de Nicaragua, por la aplicación de sanciones económicas y financieras.

«Delincuente es delincuente, y las leyes se tienen que aplicar tal como están establecidas. Nosotros somos generadores de la institucionalidad y a nuestras autoridades», afirmó Corea.

La estabilidad de la economía de Nicaragua es un desafío ante las sanciones, las injerencias y hostilidades de Estados Unidos ante el Gobierno sandinista que ha impedido la reedición de un nuevo golpe de Estado.

Sputnik

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