Gonzalo Boye, el abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha asegurado hoy que la presunta utilización de Pegasus “invalida cualquier investigación judicial” sobre una persona que haya sido “objeto de ataques de este software espía” en sus dispositivos electrónicos.

Boye ha presentado una querella ante el juzgado de instrucción de Madrid que por turno corresponda para que investigue un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos y de vulneración del derecho a la intimidad, tras denunciar haber sido espiado con el programa Pegasus entre los meses de enero y mayo de 2020.

En la querella, a la que ha tenido acceso Efe, el abogado aduce que Pegasus “invalida cualquier investigación judicial”, puesto que “no podría asegurarse con certeza la integridad de la evidencia” que se extraiga de los dispositivos espiados, ya que este programa permite también modificar documentos.

Boye destaca en este sentido que el programa tiene entre sus cualidades la de “modificar el sistema operativo y los archivos de un dispositivo infectado”, de forma que se pueden enviar mensajes bajo otra identidad.

Según el letrado, esta “circunstancia eleva de un modo desmedido el riesgo de que este software espía sea utilizado indebidamente por quienes realizan el ataque a los fines de contaminar y/o ‘plantar’ pruebas en los teléfonos atacados, todo lo cual, no sólo atenta a la integridad de esos datos -que desde ya representa un perjuicio para el titular de los mismos-, sino contra el valor probatorio de aquéllos en el contexto de investigaciones y/o enjuiciamientos penales”.

Por todo ello, Boye esgrime en la querella que Pegasus “resulta manifiestamente ilegal”, de acuerdo a los preceptos legales y los principios rectores que regulan las medidas de investigación tecnológica.

En el escrito de la querella, Boye denuncia una intromisión a la intimidad, tras asegurar que fue espiado entre los meses de enero y mayor de 2020, así como una vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones y una revelación de secretos sin el consiguiente consentimiento.

Boye resalta que la infección del dispositivo móvil con Pegasus supuso también la interceptación de todas las llamadas, entrantes y salientes, de los mensajes de texto (SMS), de la mensajería instantánea o de las aplicaciones utilizadas, así como la “probable grabación de escuchas telefónicas”, lo que también supone una “grave vulneración” a la intimidad.

En la querella, el letrado interesa la práctica de una serie de diligencias, entre ellas, que se investigue a los representantes de la empresa propietaria del software israelí -NSO Group- y sus filiales.

Además, solicita que se requiera a la empresa subsidiaria en Luxemburgo, Osy Technologies, la aportación de la documentación acreditativa de los contratos, convenios o cualquier clase de acuerdo que se haya suscrito con el Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia -CNI- o cualquier organismo/empresa público español o empresa privada española o que trabaje con entidades españolas, para el uso del software “malicioso de inteligencia cibernética ‘Pegasus’ en el territorio español”.

En su querella, Boye requiere asimismo que se pida a las autoridades israelíes acceso a toda la información bancaria de las empresas israelíes relacionadas con este programa para “determinar pagos y dineros” a empresas, personas o entidades públicas españolas.

También conmina a que se pida al Banco de España información de cualquier transferencia de dinero que se haya realizado desde el sistema bancario español a favor de las empresas y personas contra las que se dirige esta querella.

La querella, entre otras diligencias, pide además que se tome declaración, en calidad de peritos, a expertos de Citizen Lab sobre el informe que han elaborado de Pegasus.

EFE