Continúan las protestas en Ecuador contra las políticas económicas del presidente

La juez deja en libertad condicional a Leónidas Iza, detenido durante horas tras un corte de carretera.

Estudiantes y otros colectivos sociales se suman a las protestas contra las políticas económicas del presidente.

La tensión en Ecuador, iniciada el lunes por las protestas del movimiento indígena contra el alza de precios y las políticas del Gobierno del presidente Guillermo Lasso, ha aumentado este martes con la detención de Leónidas Iza, principal promotor de la movilización, cuyos dirigentes llaman a «radicalizar» las acciones.

Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y una de las principales figuras opositoras al Ejecutivo, ha quedado en libertad condicional tras comparecer telemáticamente ante la jueza Paola Bedón, quien, aunque ha considerado «legal» su detención, solo le ha impuesto medidas sustitutivas de la prisión provisional. Iza no podrá salir del país y tendrá que presentarse periódicamente las autoridades. 

Iza fue arrestado a primera hora de la madrugada del martes cuando visitaba a manifestantes que cortaban una carretera cerca de la localidad de Pastocalle, dentro de su natal provincia andina de Cotopaxi. Su abogado calificó la detención de «ilegal, arbitraria e ilegítima».

Tras la detención de Iza, otros dirigentes de la Conaie, han llamado a «radicalizar» las protestas y han exhortado a los organismos internacionales a estar vigilantes ante lo que consideran una vulneración a los derechos humanos y al derecho a la protesta.

Solo unos minutos después, Lasso anunciaba en un mensaje a la nación que se había comenzado la detención de los autores materiales e intelectuales de los actos de los «violentos actos» ocurridos durante la primera jornada de la movilización.

Con ello, el mandatario se refería a incidentes aislados en distintos puntos del país, como el incendio de un vehículo de Policía en la sureña provincia andina de Azuay, la toma de una unidad de bombeo de petróleo en el Bloque 16, en la Amazonía; y hostigamientos a productores florícolas para unirse a las medidas de fuerza.

También la retención de un grupo de policías por parte de una comunidad que los sometió a un ritual ancestral de purificación y que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, tildó de «secuestro».

Salvo estas situaciones, el primer día del «paro nacional e indefinido» convocado por la Conaie, la mayor organización indígena del país, había transcurrido con algunos cortes de carreteras que no habían afectado en gran medida al funcionamiento de los servicios esenciales, según el Ejecutivo. Incluso el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, hablaba de que el seguimiento a la convocatoria había sido notablemente menor al que esperaban.

Los cortes de carreteras han afectado a 87 puntos, principalmente en las provincias andinas de Chimborazo, Imbabura y Pichincha, así como en la amazónica de Pastaza.

El movimiento indígena ha convocado estas movilizaciones tras un año de mandato del presidente Lasso y sin que los diferentes intentos de diálogo con el Gobierno hayan dado frutos.

Entre los motivos de la protesta están el alza de los precios de los combustibles, los bajos ingresos que reciben los productores de bananas y leche, así como la exigencia de respetar los derechos indígenas ante la intención de Lasso de incrementar la actividad petrolera y minera en el país.

Además, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador y otros colectivos sociales se han sumado a la protesta con una marcha en Quito. 

Exigen la congelación del precio de las gasolinas, el control de los precios de los productos de consumo masivo y la oposición a un plan de privatizaciones, todas ellas ligadas, según los manifestantes, a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Gobierno de Ecuador quiere a toda costa evitar una oleada de violencia como la vivida en las protestas de octubre de 2019, que se saldaron con una docena de muertos y 1.500 heridos, de los que un tercio eran policías y militares.

La Asamblea Nacional (Parlamento) ha otorgado recientemente una amnistía a 268 procesados por protestar y por actos de defensa del medio ambiente, de los que 60 afrontaban cargos por los altercados de octubre de 2019.

RTVE

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