EEUU comete «piratería jurídica» al aprobar venta de acciones de Citgo, dice diputado

Estados Unidos cometió un acto de piratería jurídica con la aprobación, por parte de un juez de ese país, de la venta de acciones de la empresa Citgo, filial de la estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), dijo a la Agencia Sputnik el diputado oficialista venezolano Julio Chávez.

«Sin lugar a dudas coloca a esta acción dentro de los actos de terrorismo, de piratería jurídica e irrespeto al derecho internacional en que de manera reiterada Estados Unidos ha venido actuando en contra de los pueblos que no se subordinan a sus intereses hegemónicos», expresó Chávez, integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El 11 de octubre, el juez del distrito estadounidense de Delaware (este), Leonard Stark, aprobó un cronograma para la subasta de acciones de la empresa matriz de Citgo Petroleum.

La orden establece los procedimientos de licitación y venta, la contratación de la banca de inversión Evercore Group y la necesaria consulta al Departamento del Tesoro estadounidense para cualquier decisión sobre el cambio de propiedad de los activos.

Por su parte, el Gobierno venezolano denunció que la decisión está viciada de parcialidad y arbitrariedad.

«El Estado venezolano rechaza categóricamente esta temeraria decisión, viciada de arbitrariedad y velada de parcialidad por el juez que la dicta, quien, alineado con la empresa Crystallex International Corp (Crystallex), forma parte del entramado internacional, que responde al poder hegemónico e imperial de los Estados Unidos, profundizando así su guerra multiforme y su pretensión de expolio descarado e indiscriminado de los activos del pueblo venezolano», afirmó PDVSA en comunicado.

BLOQUEO

Chávez, también presidente de la Comisión Especial para Investigar los Crímenes contra Migrantes venezolanos del parlamento, consideró que esta nueva acción busca mantener el bloqueo económico contra su país.

«Esta nueva agresión por parte de la administración (Joe) Biden para seguir presionando, asfixiando, bloqueando la economía venezolana y esta vez apropiándose de manera indebida, violando del derecho público internacional, de un activo que le pertenece a la República Bolivariana de Venezuela en territorio norteamericano», subrayó.

La administración de Nicolás Maduro además afirmó que no renunciará a la legítima defensa de sus derechos, y dijo que se reserva las acciones pertinentes ante las instancias internacionales.

En ese sentido, el parlamentario opinó que esta medida contra Citgo pone en entredicho la seguridad internacional.

«Es una medida absurda, es una medida grosera, una medida extraterritorial que viola el derecho internacional y que pone entredicho la seguridad internacional, la paz del hemisferio, puesto que no se justifica bajo ningún concepto que se puedan ejecutar este tipo de actos de pillaje (saqueo) y de robo descarado como se está cometiendo contra los activos de Venezuela», acotó.

De acuerdo con el Gobierno, la decisión fue tomada en complicidad con los opositores Juan Guaidó y José Ignacio Hernández, a quienes acusó de liderar el saqueo y el despojo de los activos de Venezuela para entregarlos a potencias extranjeras.

En 2019, una corte de apelaciones de EEUU decidió que la minera canadiense Crystallex podía rematar acciones de Citgo, para cobrarse una deuda de 1.400 millones de dólares en la que incurrió el Gobierno venezolano al nacionalizar yacimientos de oro.

En ese entonces, la administración de Maduro denunció que la decisión del tribunal estadounidense obedecía a una operación de «crimen organizado internacional» con el objetivo de «robarse» los recursos de Venezuela.

Después de la autoproclamación de Guaidó en 2019, como «presidente interino», el Gobierno de EEUU impuso más sanciones a PDVSA, que incluyeron el bloqueo de los fondos de Citgo.

Por ello, el Gobierno acusó a Guaidó de ser el responsable de las pérdidas millonarias, que superaron los 300 millones de dólares, después de que Citgo fue tomado por EEUU.

En el 2021, la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció que ocho niños murieron en Venezuela entre el 2019 y 2020 al no recibir el trasplante que requerían, por la suspensión del programa de salud que llevaba PDVSA, tras el robo de su, filit en EEUU. 

Sputnik

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