Los presos del estallido social, un problema que Boric aún no resuelve

A tres años del estallido social chileno, el indulto a las personas encarceladas durante las manifestaciones sigue siendo un problema sin resolver para el Gobierno de Gabriel Boric. En diálogo con Sputnik, dos abogados especializados discreparon sobre si existe o no «voluntad» de atender su reclamo y si los presos comunes podrían beneficiarse.

El indulto a las personas que fueron privadas de libertad en el marco de la represión policial del estallido social de Chile había sido una de las prioridades del presidente chileno, Gabriel Boric, antes de alcanzar la Presidencia.

Sin embargo, a tres años de las protestas no solo muchos de ellos siguen detenidos sino que incluso existen diferencias sobre cuántos son.

«Todavía tenemos serios inconvenientes en hacer el catastro de cuántas son las personas privadas de libertad», dijo a Sputnik Hugo Gutiérrez, abogado especializado en derechos humanos, exdiputado y exconstituyente por el Partido Comunista de Chile.

De acuerdo con datos consignados por Radio Universidad de Chile, al 11 de marzo de 2022, día de la asunción de Boric, eran 211 las personas presas por causas relacionadas con las manifestaciones ocurridas entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2021. De ellas, 144 se encuentran en prisión preventiva y otras 67 tienen sentencias firmes.

Más allá de esas cifras, el problema radica en que el proyecto de ley impulsado con suma urgencia por el Gobierno y que aún descansa en el Congreso chileno puede terminar abarcando a un número diferente del que se pretende atender.

En diálogo con Sputnik, el abogado, investigador y especialista en Derecho Penal Procesal de la Universidad de Chile, Álvaro Castro, consideró que el proyecto de Boric padecía de «un problema de naturaleza jurídica» debido a que «era amnistía y no indulto».

En ese sentido, apuntó que el texto «cubría delitos que forman parte de la criminalidad común como homicidios calificados, incendio con resultado de muerte, delitos inmersos en la delincuencia común».

Así, mientras el texto debía apuntar a un grupo de privados de libertad que podrían describirse como manifestantes legítimos «movidos por el descontento en cuanto al sistema económico, político y social», que enfrentaron «una respuesta policial para aplacar esas manifestaciones», también favorece a la «delincuencia común aprovechándose del contexto de las manifestaciones, materializados en vandalismo y delincuencia común: hurtos, daños, saqueos e incendios».

El proyecto sigue siendo objeto de discusión en el Parlamento y actualmente «ha logrado poder mejorar y se ha hecho cargo de varias de las críticas. Ahora tenemos un proyecto de ley que habla de amnistía propiamente y cubre de manera razonable aquellos delitos bajo el alero de una manifestación social, como por ejemplo, disturbios, daños a la propiedad, desobediencia a la autoridad, tipos penales tradicionalmente ligados a la manifestación legítima».

Gutiérrez tiene otra forma de verlo, ya que considera que «todos los jóvenes privados de libertad con posterioridad al estallido social son parte de un mismo contexto».

«Para mí no vale el distingo entre si estos participaron en hechos de atentados a la propiedad privada o eventualmente otros ilícitos. Creo que aquí todos los hechos tienen la misma explicación y es, en definitiva, expresar de manera contundente el malestar que en esa época había en el país», argumentó el experto.

Bajo esta premisa, Gutiérrez apuntó sobre la responsabilidad del Gobierno de Boric, que en un principio había tenido «buena voluntad para obtener la libertad de todos los jóvenes», pero «con el tiempo esa voluntad fue decayendo y ha desaparecido».

«Para ser claro y categórico: hoy el Gobierno del presidente Boric no tiene ninguna voluntad en avanzar en la libertad de los jóvenes presos producto del estallido social«, sintetizó.

El exdiputado enfatizó que «todos estos jóvenes deberían ser considerados para una eventual solución por parte del Estado chileno, cosa que lamentablemente no está a la orden del día».

Castro, sin embargo, considera que el proyecto se debilitó por la propia suerte que han tenido los detenidos con el correr de los meses. De hecho, señaló que «un número importante de los ciudadanos imputados ya está libre, porque se aplicaron las salidas tempranas, medidas de judicialización, medidas que se aplican tempranamente para personas que son primerizas, que no cometieron delitos graves».

Otro grupo de privados de libertad, consignó, ya tiene condena o está cerca del juicio oral.

Sputnik

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