Sigue así el criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado que se opusieron a la paralización.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha rechazado la petición de Mariano Rajoy de paralizar de forma cautelar la comisión rogatoria cursada por las autoridades de Andorra para comunicar la imputación del expresidente del Gobierno en la causa abierta sobre la Operación Cataluña.

Según consta en un auto, firmado el 31 de octubre, los magistrados han acordado levantar la medida cautelarísima que había adoptado la semana pasada para suspender de forma urgente la comisión rogatoria de Andorra.

Cabe recordar que la Justicia de Andorra investiga a Rajoy, al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso por su supuesta relación con los intentos de conocer “mediante vías ilegales” información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras.

En concreto, los hechos denunciados en las querellas están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantaje desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la Banca Privada d’Andorra (BPA) para conocer “mediante vías ilegales” una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares durante el ‘procés’.

En sintonía con la Fiscalía

El TSJM reactiva así el trámite para que la jueza andorrana comunique la imputación a Rajoy, en sintonía con el criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que se opusieron a suspender cautelarmente la ejecución de la comisión rogatoria. La decisión del tribunal tiene lugar después de que la Fiscalía y la Abogacía se pronunciasen sobre la petición de Rajoy de suspender de forma cautelar el auxilio judicial del Principado.

El Ministerio Público mostró su oposición el pasado 26 de octubre al considerar que el argumento de Rajoy de que se han vulnerado sus derechos fundamentales con la tramitación de la comisión rogatoria lo que “realmente” encubre es un juicio sobre la actuación del Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid y la Audiencia Provincial.

La Fiscalía aseguró, además, que el “cuestionamiento” que realizaba Rajoy sobre la decisión de la Dirección General de Cooperación Internacional de dar curso a la comisión rogatoria de Andorra sería “un examen de legalidad ordinaria no susceptible de evaluarse” porque, según indicó el Ministerio Público, no estaba acreditada la vulneración a la que el expresidente hacía referencia. 

RTVE