La comisión del Europarlamento del espionaje con Pegasus critica las lagunas legales en España y la opacidad del CNI

Atribuye al Gobierno español el espionaje a independentistas y duda que estuviera justificado por la seguridad nacional.

La comisión del Parlamento Europeo que investiga el espionaje con el programa informático Pegasus ha advertido de que existen «lagunas» en el marco legal español y que la protección legal de las personas está «obsoleta». 

El borrador de informe de la comisión critica también la falta de transparencia con la que trabaja el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español. 

El informe se ha centrado en el uso de Pegasus en Polonia, España, Hungría, Grecia y Chipre, entre otros Estados miembros, ya ha sido elaborado por la liberal neerlandesa Sophie in’t Veld. El informe dedica doce de sus 159 páginas al caso español. La versión final será votada en marzo en la propia comisión y en el Pleno de la Eurocámara.

«No es posible establecer» la amenaza a la seguridad nacional

El informe confirma el espionaje a 65 dirigentes independentistas catalanes que salió a la luz el pasado abril, y lo  atribuye al Gobierno español. Y atribuye a Marruecos las escuchas a Pedro Sánchez y a dos de sus ministros. 

El informe habla de una «tendencia clara» de los intentos de infección de los dispositivos de los independentistas, que «coinciden» con momentos de relevancia política como casos judiciales, concentraciones públicas o comunicaciones con los partidarios de una Cataluña independiente que estaban fuera de España.

«Dado que las autoridades solo han reconocido 18 de los 65 casos, y que las solicitudes para esos casos no se han hecho públicas, no es posible establecer de qué manera hubieran tenido un impacto inmediato o constituido una amenaza inminente a la seguridad nacional o la integridad del Estado», apunta el texto.

Esta ha sido una de las razones invocadas por el Gobierno español para justificar el espionaje.

Sistema de garantías con lagunas y obsoleto 

El informe señala que pese a la «consideración significativa» que se da al permiso judicial para iniciar el seguimiento de una persona, «parece que hay una gran laguna relativa a la naturaleza retroactiva del ciberespionaje».

«Incluso con el requisito legal de que la duración de la vigilancia se estipule específicamente antes de la autorización, no se contempla que una vez que un dispositivo está infectado con un software, es posible revisar retroactivamente las comunicaciones y los datos anteriores de una manera que no era posible con medidas tradicionales de vigilancia», abunda el texto. 

Las garantías legales servían para un momento en que Pegasus no existía. «Las garantías legales corren el riesgo de quedar obsoletas y no brindar a los ciudadanos una protección suficiente», advierte el informe. 

Opacidad del CNI 

El informe lamenta que la Constitución española no permite el acceso a documentos o información relativa a los servicios de Inteligencia y que el CNI esté al margen de la ley de transparencia. «Gran parte del trabajo del CNI se mantiene en secreto y carece de transparencia», afirma. 

Respecto a la Ley de Secretos Oficiales de 1968, recuerda que proviene de «la era franquista» y que «su reforma ha sido objeto de debate desde hace tiempo en España».

«El mayor problema con esta legislación en gran medida anticuada es que no describe un período de tiempo más allá del cual expirará el secreto impuesto», sostiene el informe. 

RTVE

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