Sociedad uruguaya, ciega ante su inseguridad alimentaria

Para muchos uruguayos, el hambre es un problema ajeno, lejano, que aqueja a otros países más pobres.

Pero las dificultades de acceso a una adecuada alimentación en realidad han estado presentes en esta nación sudamericana desde hace años.

Se reconozca o no, la pesadilla de tener la panza vacía o de no comer los adecuados nutrientes para desenvolverse en el día a día es real en este país de apenas 3,4 millones de habitantes que, según datos de la agencia estatal de promoción de exportaciones e inversiones Uruguay XXI, tiene capacidad para producir alimentos para 30 millones.

«En Uruguay, está ese concepto de que no hay hambre, y no se entiende el problema de la alimentación en su profundidad. Uruguay comprende poco como sociedad este tema. No estamos percibiendo que tenemos problemas en la alimentación», dijo a la Agencia Sputnik la socióloga Anabel Rieiro Castiñeira, profesora de la pública Facultad de Ciencias Sociales.

Según un relevamiento del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado en octubre de este año, 15 por ciento de hogares uruguayos (174.000) sufren inseguridad alimentaria moderada o severa (esta última considerada hambre), lo que afecta a 16,5 por ciento de los habitantes del país, o 555.000 personas.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que una persona padece inseguridad alimentaria cuando carece de acceso regular a suficientes alimentos; «esto puede deberse a la falta de disponibilidad de alimentos y/o a la falta de recursos para obtenerlos».

Rieiro Castiñeira, quien además hizo un estudio sobre las denominadas «ollas populares» en Uruguay (merenderos colectivos y con apoyo gubernamental que ofrecieron comida gratis particularmente durante la pandemia), afirmó que los efectos de la mala alimentación dependen de la etapa de la vida en la que esté una persona, pero que la principal incidencia se encuentra en la niñez.

«Por ejemplo, a los niños los puede afectar en su propio desarrollo. Obviamente van a tener problemas de toda índole a lo largo de su vida. Cercena sus oportunidades económicas. El problema muy grave que tenemos es que los hogares más pobres, los que están sometidos a los problemas de alimentación, son mayormente conformados por mujeres con hijos, eso es una condena social», agregó.

El informe del INE mostró que hay una mayor prevalencia en los hogares que tienen niños menores de seis años, donde llega al 21,5 por ciento.

HAMBRE E INSEGURIDAD ALIMENTARIA

No obstante, Rieiro Castiñeira subrayó la distinción que existe entre el hambre y la mala nutrición. «Son todos problemas sociales vinculados al alimento pero que muchas veces se confunden en sus términos», indicó.

«Uno puede comer arroz todos los días y capaz que no siente hambre, pero eso no quiere decir que uno esté bien alimentado. El hambre está dentro de la inseguridad alimentaria severa. La inseguridad alimentaria es un rango que se basa en la percepción de las personas y tiene tres rangos: severa, moderada y leve», agregó.

Explicó que la inseguridad moderada y grave son las que explican el fenómeno de las ollas populares, que han tenido notoriedad a partir de la pandemia del covid-19.

Muchos hogares pobres dependen del trabajo precario de uno de sus integrantes. Cuando este se enferma, el presupuesto del hogar se reduce drásticamente, por lo que «necesitan la olla para complementar, explicó.

«Eso es inseguridad alimentaria moderada. En este caso, las ollas muestran distintas estrategias de supervivencia en sectores que tienen mucha precariedad», afirmó.

POLÍTICA INTEGRAL

Por otra parte, la especialista señaló que el problema se puede ver agregado por las diferentes lógicas para concebir los alimentos. La visión de las empresas es diferente a la del Estado, por ejemplo, ya que «ven al alimento como un bien de cambio que garantiza su trabajo».

«La lógica del Estado a veces tiene en cuenta a la de las empresas, pero también ve al alimento como un derecho para toda la población. Tiene como un doble juego. El problema es que Uruguay es un país productor de alimentos y al mismo tiempo el Estado tiene que realizar protección social, y esas dos partes están disociadas. Entonces, hay un sistema productivo que está regulado esquizofrénicamente por el Estado, porque falta una coordinación que permita garantizar el alimento primero para alimentación», agregó.

Sin embargo, sostuvo que este problema no nació con el actual Gobierno, liderado por Luis Lacalle Pou, sino que es una cuestión «histórica».

Sostuvo que al Estado le falta una «política integral hacia la alimentación» e indicó que «en 2020 casi que estuvo ausente».

«Cuando hicimos el estudio, veíamos que, salvo algunas intendencias (alcaldías) que apoyaban algunas ollas, no había política nacional. En 2021, empieza una política nacional. Hay convenios, pero son por unos meses, que son a término. No es una política de largo plazo», dijo, en referencia al estudio «Ollas y merenderos en Uruguay 2021-2022», que realizó en conjunto con Diego Castro, Daniel Pena, Rocío Veas y Camilo Zino.

OLLAS POPULARES

Las ollas pueden ser interpretadas como parte de esa parte de la sociedad que se va organizando contra la inseguridad alimentaria y que manifiesta necesidades colectivas, afirmó.

«Está manifestando la situación de la precariedad a la hora de la alimentación. No alcanzan los ingresos como para llegar a fin de mes para una buena alimentación. Entonces las personas se juntan para cocinar para ellas y después se extienden para otras», indicó.

Destacó que el 47 por ciento de los organizadores comen de las ollas y cocinan al mismo tiempo, según el estudio que realizó.

«Tenemos una idea de voluntariado, de gente que cocina, pero no es tan así, hay un 37 por ciento que están en ese grupo, pero la gran mayoría cocina y come al mismo tiempo. El 18 por ciento a veces come y otras no. Con el covid-19 se hizo visible como fenómeno, pero hay que ser justos, de las 645 experiencias que hoy existen, el 25 por ciento de ellas ya venían de antes de la pandemia. Es una herramienta que tienen algunos sectores cuando la están pasando mal. Esa memoria se activa en momentos de crisis», afirmó.

Según el estudio, en el último período hubo una reducción de ollas (de 645 entre junio y julio de 2020 a 542 en igual período de 2022) y también de organizadores (de 5.675 a 4.523), pero las las porciones servidas mensualmente permanecen con poca variación (pasando de 1.880.466 a 1.806.853).

«Así, menos iniciativas y menos personas continúan sirviendo una cantidad similar de porciones de comida mensuales, lo que significa una intensificación de la tarea», agregó.

La polémica de las ollas populares ha tenido bastante notoriedad pública en Uruguay, luego de que el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, acusó a la Coordinadora Popular y Solidaria, que se encarga de gestionar varios de esos merenderos, de ser «una organización con fines políticos», que no era «transparente» y que «infló los números».

Desde la Coordinadora Popular y Solidaria niegan las acusaciones que se realizan desde el Gobierno.

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