Quién es quién en el polémico cónclave de jueces, fiscales y empresarios en Argentina

Los jueces, fiscales y exfuncionarios de inteligencia que mantuvieron un encuentro en Lago Escondido, en la Patagonia argentina, financiados por el Grupo Clarín, denunciaron espionaje en su contra a modo de contraofensiva judicial.

Con la condena contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, este 6 de diciembre en la causa Vialidad, los argentinos afrontan ahora una nueva controversia que evidencia los entretelones más oscuros de la Justicia del país.

El diario argentino Página 12 reveló, el 17 de octubre, que un grupo de jueces y funcionarios viajaron en un vuelo privado a la estancia del empresario británico Joe Lewis en la localidad de Lago Escondido, en la provincia de Río Negro (sureste).

Además de ser propietario del club Tottenham Hotspur de la liga inglesa de fútbol, Lewis es famoso por haber sido denunciado por la apropiación indebida de 14.000 hectáreas en la Patagonia, que no podría haber adquirido al ser extranjero.

La superficie cuenta con una mansión, un hipódromo, un zoológico y centrales hidroeléctricas, toda una infraestructura que hace al complejo especial para reuniones de empresarios y políticos que buscan pasar inadvertidos.

El viaje y la estadía fue financiado por el Grupo Clarín, que habría estado representado por Jorge Rendo, director general del conglomerado. Esto podría configurar el delito de «dádivas», además de comprometer a los operadores judiciales en el posible «incumplimiento de los deberes de funcionario público».

Quiénes son los jueces y funcionarios que viajaron a Lago Escondido

  • Julián Ercolini, conocido por haber instruido la causa Vialidad en la cual fue condenada Cristina Kirchner y por haber sobreseído al Grupo Clarín en la importante causa conocida como Papel Prensa.
  • Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2; fue el magistrado a cargo de la investigación conocida como caso Antonini, cuando en 2007 se le adjudicó al venezolano Guido Antonini, la propiedad de una valija con 800.000 dólares para la supuesta financiación de la campaña electoral presidencial de Cristina Fernández.
  • Pablo Cayssials, juez en lo contencioso administrativo que tiene a su cargo resolver un litigio entre las televisoras comunitarias y el Grupo Clarín, grupo dueño de empresas de cableoperadores que se niegan a emitir señales comunitarias como lo estipula la ley.
  • Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y exministro de Justicia del gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Integra la sala de casación federal que investiga el supuesto espionaje a familiares de los submarinistas fallecidos en el submarino ARA San Juan durante la administración de Mauricio Macri (2015-2019).
  • Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. Hijo del juez de Casación Federal Carlos Mahiques, es procurador en jefe de la fiscalía porteña y exrepresentante del Gobierno de Mauricio Macri en el Consejo de la Magistratura. En la actualidad, se desempeña a la vez, como presidente de la Asociación Internacional de Fiscales.
  • Leonardo Bergroth, exfuncionario de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
  • Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Exdiputado por el Frente Renovador, referente político del actual ministro de Economía, Sergio Massa, y actual miembro del PRO cercano a Horacio Rodríguez Larreta. Tiene a su cargo la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La contraofensiva de los acusados

Tras la divulgación de los chats e imágenes que comprueban la existencia del viaje, el Gobierno argentino decidió denunciar a los jueces por los delitos de dádivas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El grupo de jueces contraatacó judicialmente al presentar una denuncia por espionaje sobre los magistrados.

La denuncia, paradójicamente, cayó en manos de Julián Ercolini, otro participante del cónclave secreto, quien se vio obligado a mandar la denuncia a sorteo para su investigación, «mientras avanzaba una causa en Bariloche por posibles dádivas, tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes y falsedad ideológica que los comprometería», a los magistrados, explicó Página 12.

Sputnik

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