El caso “El Gran Padrino”, un presunto entramado de corrupción en empresas públicas de Ecuador, ha mostrado que podrían existir nexos entre el Gobierno, liderado por Guillermo Lasso, el narcotráfico y la mafia albanesa, advirtió en diálogo con la Agencia Sputnik la asambleísta por el opositor Unión por la Esperanza (centroizquierda) Viviana Veloz.

“Evidentemente podrían existir nexos del narcotráfico, de la mafia albanesa con el presidente Guillermo Lasso y su vínculo más cercano, Danilo Carrera, que es su cuñado, con el señor Rubén Chérres, amigo íntimo de Carrera”, afirmó Veloz, quien es presidenta de la comisión legislativa que investiga el caso “El Gran Padrino”.

Esta presunta red de corrupción fue develada por el medio de comunicación local La Posta en una grabación en la que señaló a Carrera como uno de los implicados.

La asambleísta explicó que la comisión recibió el lunes al periodista Andersson Boscán, de ese medio digital, quien presentó un informe policial que vincularía a Chérres con la mafia albanesa, una organización criminal internacional que se dedica al tráfico de drogas, de personas y de armas, entre otros.

El documento fue entregado por el teniente coronel de la Policía Bolívar Zambrano Falcones al fiscal Marcelo Vásconez el 7 de enero de 2022 y los hechos registrados se remontan al 5 de mayo de 2021, según el diario La Hora.

Chérres es un empresario guayaquileño de 63 años.

El asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, dijo en su cuenta de Twitter que Cherrés “conoció a miembros de la mafia albanesa mientras purgaba una condena por narcotráfico en la Penitenciaría”.

“Tras salir en libertad, en 2014, empezó a constituir varias empresas con Gjika Dritan”, detalló.

Según El Universo, Dritan es un ciudadano albanés que se asoció con Cherrés y desde 2014 comparten acciones en doce compañías, la mayoría ligadas al negocio inmobiliario.

El informe contiene además las posibles relaciones de Chérres con personalidades cercanas al Gobierno y sus negociaciones para lograr nombramientos en altos cargos dentro de las empresas públicas y ministerios.

También incluye imágenes y transcripciones telefónicas en las que se comprobaría varias reuniones entre Chérres e integrantes de la mafia albanesa en Guayaquil.

Además cuenta con transcripciones de más de 10.000 llamadas y conversaciones telefónicas de Chérres y otras 250 personas; en una de las transcripciones Chérres menciona que él y sus socios aportaron al menos 1,5 millones de dólares para la campaña de Lasso.

“MUCHAS DUDAS”

Veloz consideró que se “abren muchas dudas” y se preguntó por qué el gobierno y la fiscalía permitieron que se archive esta investigación así como también por qué ahora la fiscal general “luego de que se dio a conocer esta información, dijo que va a reabrir el caso”.

“El informe había sido escondido por el gobierno (…) después que se revela esa información, nosotros recibimos la comparecencia de una autoridad de control, de carácter en reserva, quien nos informó que esta entidad inició la investigación sobre esta estructura y sorpresivamente 12 ciudadanos albaneses tenían conexión con el señor Chérres”, agregó.

Recordó que en 2021 se liberó “de manera misteriosa” a un ciudadano albanés que era requerido por la justicia europea por tener vínculos con la mafia.

“SOBREPRECIOS”

La asambleísta señaló que la comisión ha recibido comparecencias de gerentes, ministros y autoridades así como también requirió varios pedidos de información a las distintas carteras de estado para investigar el caso.

Sostuvo que se recabaron pruebas de 2.175 contratos con “sobreprecio”.

“Nos encontramos en la fase final de la investigación, tendremos que elaborar el informe y presentarlo para establecer responsabilidades políticas”, agregó.

¿JUICIO POLÍTICO O MUERTE CRUZADA?

Afirmó que cuando se finalice el informe, se lo presentará al pleno de la Asamblea y allí se podrían establecer las responsabilidades del presidente así como también realizar un juicio político o aplicar la muerte cruzada, que es un mecanismo político que daría paso a la disolución del Legislativo y a la destitución presidencial.

“Algunos dicen que la muerte cruzada ya se usó, pero no es así. Se utiliza cuando se ha destituido al presidente. El año anterior, cuando el país se encontraba en una conmoción interna, la asamblea activó el artículo 130 pero no se obtuvieron los votos, entonces ese mecanismo sigue abierto. Se podría usar nuevamente”, agregó.

Por otra parte, afirmó que la credibilidad de la fiscalía está en descenso ya que actúa de forma “selectiva”.

“La señora fiscal en los otros casos de corrupción donde se han visto involucrado el presidente Lasso no ha actuado con la diligencia debida, esos casos son por ejemplo los Papeles de Pandora, Narcogenerales, el caso Danubio, donde se permitía a través de las aduanas que se ingresara drogas, esos escandalosos actos de corrupción han quedado en el olvido de la fiscalía. La fiscal tiene un deber histórico con Ecuador”, agregó.

Asimismo, recordó que al día siguiente de que se realizaran allanamientos a oficinas en el Palacio de Carondelet, sede del ejecutivo ecuatoriano, el presidente, “con la finalidad de obstruir”, retiró a los policías que realizaban la investigación.

“Se tuvo que recurrir a una medida cautelar para que un juez ordenara que vuelvan los policías. El país demanda respuesta por parte de las instituciones de control y por parte del presidente de la República, que es el primero que tiene que transparentar y no decir que es una acción de desestabilización”, agregó.

El ministro del Interior del Ecuador, Juan Zapata, negó el lunes la denuncia pública presentada el fin de semana por la Fiscalía General del Estado respecto a una presunta intromisión en la justicia, luego que se decidiera trasladar el personal policial que participa en varias investigaciones importantes para el país.

El lunes, el presidente no asistió a la comisión parlamentaria que investiga el caso “El Gran Padrino” y justificó que tenía otros compromisos que fueron asumidos con anticipación.

Veloz le advirtió al presidente que tiene diez días para contestar las preguntas de la comisión, la cual deberá presentar el 23 de febrero ante el pleno de la Asamblea su informe sobre el caso.

Sputnik