Cuando cada septiembre el calor comienza a arreciar en la capital de Argentina, los porteños se preparan para todo lo que trae el verano: jazmines en flor, espárragos carnosos y jugosos duraznos, pero también, olas de profundo calor, mosquitos y un clásico cada vez más acuciante: los cortes de luz.

Por Ramiro Barreiro

El fenómeno es de verdad antiguo. Durante el verano de 1999 un corte dejó sin energía a 10 barrios durante 11 días y 600.000 personas fueron perjudicadas. Aquella oscuridad fue generada por un incendio en una subestación generadora que la empresa Edesur, una de las concesionarias del servicio, no logró arreglar por completo y, al reintentar la conexión, volvió a estallar.

Los ensayos y errores de Edesur -y también de Edenor, Edelapy Edea, las otras adjudicatarias- se repiten como farsa una y otra vez y no es casual: la falta de inversiones en la cadena de distribución del servicio se evidencia con cada estruendo, con cada comida desperdiciada o con cada corte de calle de vecinos hastiados.

El artículo 16 del contrato de privatización del servicio eléctrico, firmado el 31 de agosto de 1992, cuando se produjo el desembarco de la firma que integra el holding italiano Enel, obliga a las distribuidoras a “realizar las inversiones necesarias para asegurar la prestación del servicio público conforme al nivel de calidad exigido”.

Una investigación realizada por el exdirector del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) Federico Basualdo concluyó que en el período 2016-2019, las inversiones eléctricas disminuyeron con respecto a 2015, pese a que las cuatro empresas eléctricas más importantes del país (Edesur, Edenor, Edelap y Edea) aumentaron sus tarifas entre un 1.600 y 2.100 por ciento.

Enel se sinceró un poco en noviembre pasado y anunció su salida del país con la venta de Edesur y otros activos que mantiene en el país, los más importante de ellos, la hidroeléctrica El Chocón, en Neuquén (sur) y las centrales térmicas de Costanera y Dock Sud, en Buenos Aires.

No obstante, la firma no quiere irse con las manos vacías: según el contrato, el Gobierno argentino debería abonar a la distribuidora “el precio que se haya obtenido por la venta de las acciones de la nueva sociedad en el Concurso Público llamado al efecto, previa deducción de los créditos que tenga la concedente contra la distribuidora por cualquier concepto”.

“Tendremos las conversaciones del caso con quien adquiera el paquete, siempre cuidando el servicio de energía eléctrica que es lo que más impacta a la gente. Estamos encarando la revisión tarifaria integral (RTI) como se había comprometido. Esto no va a ser un proceso inmediato que afecte a la población de un día para otro, sino que va a ir iniciándose y vamos a trabajar en conjunto con quien adquiera el paquete”, indicó la secretaria de Energía, Flavia Royón, al enterarse de la despedida.

Royón se equivocó: el proceso ha afectado (y mucho) a vecinos y vecinas de Buenos Aires durante este verano.

Romina Scalora tiene 34 años, es influencer y guionista de radio y televisión y vive en el barrio de Flores. “La mitad de mi vida sufrí este tema y mi barrio padece esto todos los veranos”, afirma a la Agencia Sputnik.

La mujer ha utilizado intensamente las redes durante el último mes, en el que ella y sus vecinos más cercanos estuvieron, en un cálculo total, 12 días sin energía eléctrica. A “Edesur la están vaciando y es notorio con las pocas cuadrillas que quedan, jamás hicieron una sola inversión”, protesta.

En los barrios aledaños al suyo el problema se repite. En Montecastro fueron 13 días a oscuras y en Villa Real, 18. Pero no en toda la Ciudad de Buenos Aires la realidad es la misma.

“Comprendo la existencia de una crisis energética y entiendo que a mayor demanda la energía no alcance, lo que digo es que, si fuese tan simple como eso lo padeceríamos todo y de la misma manera. Mucha gente me escribe diciéndome que los cortes en los barrios más caros duran apenas cuatro horas. En algunas casas de Palermo, por ejemplo, la luz no se cortó nunca”, revela Romina.

El contraste es otra muestra del nivel de desinversión, y se hace todavía más ridículo si se tiene en cuenta que esta realidad sucede en el distrito más rico del país.

“Vivo en un quinto piso por lo que, a las dos o tres horas de los cortes te quedas sin agua. La casa se vuelve invisible. Cocinar puedo porque es a gas, pero el edificio de al lado tiene todo eléctrico”, relata. Y se resigna: “El desamparo es total y absoluto. Nosotros no le importamos a nadie”.

Romina tiró dos heladeras enteras de comida porque se le pudrió. Ahora vive comprando al día y eso le genera mucho más gastos. “La compra del mes me dejaba planificar o íbamos a un mayorista con mi mamá y hacíamos stock”.

“En edificios hubo ancianos que quedaron encerrados en pisos altos y a los que tuvimos que llevarles comida y asistirlos; niños sufriendo, con los cachetes colorados y sudando. No hay una sola persona que responda en la empresa y el ente regulador, que al principio funcionaba muy bien, ahora es un organismo que solo está para multar a las empresas, pero no otorga ningún beneficio a los usuarios, yo no quiero un rédito económico, quiero la luz para poder vivir”, reclama.

Otro artículo del contrato de privatización, el que atiende las sanciones, permanece ahí, como bizarra muestra de la ausencia de controles estatales y/o como lápida de una concesión que, tras 30 años de injusticias, parece apagarse para siempre.

“El objetivo de la aplicación de sanciones económicas es orientar las inversiones de la distribuidora hacia el beneficio de los usuarios, en el sentido de mejorar la calidad en la prestación del servicio público de electricidad”.

El Gobierno argentino tramitará una denuncia penal en las próximas horas contra el gerente general de la empresa y contra todos los miembros de su directorio por malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de unas 75.000 personas.

Sputnik