El Consejo de Defensa y Seguridad (CDS) de Honduras, en reunión encabezada por la presidenta Xiomara Castro, aprobó el viernes la segunda etapa del Plan Nacional de Seguridad, que entre sus nueve medidas contempla la ampliación del estado de excepción por otros seis meses.

“Presidenta Xiomara Castro en Consejo de Defensa y Seguridad aprueba la II etapa del Plan Nacional de Seguridad: “Solución contra el crimen” (SCC)”, apuntó la Secretaría de Prensa del Poder Ejecutivo en la red social Twitter.

El secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, informó que el Gobierno prorrogó por otros seis meses el decreto extendido en febrero sobre la suspensión de garantías constitucionales.

Un comunicado leído al concluir la reunión por el vocero del Gobierno, Ivis Alvarado, detalló que las cámaras de vigilancia 911 funcionarán en un plazo de un mes y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) junto a la empresa estatal de telecomunicaciones Hondutel procederán a “prohibir la compra y venta de SIM Cards, chips para teléfonos celulares, sin que exista un estricto registro e identificación de los compradores”.

Las Fuerzas Armadas de Honduras, incluidos sus componentes Aérea y Naval, “colaborarán de manera efectiva ejecutando acciones y actividades en materia de seguridad de manera especial en el desarrollo de este plan en los departamentos de Colón, Olancho, El Paraíso y Gracias a Dios”.

El organismo castrense quedó encargado de informar de manera sistemática al CSD sobre los resultados concretos de sus acciones en tal sentido, precisa el comunicado.

Castro solicitó a las Fuerzas Armadas habilitar los batallones ubicados en diferentes puntos del país para la reclusión de personas.

“Se instruye a las Fuerzas Armadas de Honduras para colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario (INP) en la habilitación de batallones como centros de reclusión de emergencia para el cumplimiento de este plan sometiéndose a los estándares internacionales de seguridad penitenciaria y convenios y tratados internacionales que regulan los derechos de los detenidos”, expone el comunicado.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, asignará jueces con jurisdicción nacional para acompañar de manera eficiente y oportuna las acciones ejecutadas como parte del plan.

Y el fiscal general, Óscar Chinchilla, pondrá a la disposición a fiscales especiales para acompañar de manera eficiente y oportuna las labores de las instituciones de seguridad.

El 6 de diciembre la mandataria hondureña impuso el estado de excepción en 162 barrios de las dos principales ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, y el 6 de enero lo amplió por 45 días a otros 73 municipios.

Sputnik